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¿Cómo es posible que solo tres letras abarquen una variedad tan amplia de cuestiones tan importantes para los inversores? Es algo que me pregunto bastante a menudo. El interés de los inversores va desplazándose entre las distintas cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), provocando un gran volumen de actividad. Sin embargo, el número de cuestiones a las que los inversores han de enfrentarse no deja de aumentar.

Recientemente, un directivo de gran experiencia me comentaba que, hace quince años, la mayoría de las preguntas que le hacían tenían que ver con los volúmenes y los márgenes. Hoy en día, los inversores esperan que lo sepa «todo sobre todo». Desde las políticas de diversidad de los consejos de administración a los registros de seguridad de los proveedores, pasando por la situación geopolítica en Oriente Próximo. Todo está sobre la mesa.

Cuando me paro a pensar qué es lo que podemos esperar a partir del próximo año, mi «radar ESG» identifica numerosas cuestiones fundamentales. En mi opinión, cinco de las más importantes están relacionadas con las cadenas de suministro, la inteligencia artificial (IA), la transición energética, la deuda soberana (emitida por los gobiernos) y la biodiversidad.

Algunas de ellas podrían parecer más específicas, otras ocupan claramente un lugar destacado. Cada una de ellas tiene potencial para crear riesgos y oportunidades relevantes, por lo que los inversores no deberían perderlas de vista de cara al futuro.

1. La normativa pone el foco en las cadenas de suministro 

Cuando compra algo, ¿no le gusta saber de dónde viene y cómo se hizo? Al igual que los curiosos consumidores de todo el mundo, los gobiernos y los reguladores también quieren respuestas.

Los esfuerzos por aumentar la transparencia en las cadenas de suministro están llevando a muchas compañías a replantearse sus operaciones y la manera en la que comunican la información al respecto. En ciertos sectores, las mejoras que se han producido en la disponibilidad y la calidad de los datos en las diferentes fases de la cadena de suministro están contribuyendo en gran medida a la transparencia.

Desde el punto de vista de la inversión, los costes de cumplimiento, los cambios operativos y las sanciones normativas pueden tener importantes efectos en los resultados de una compañía. Entre las medidas más recientes destacan el Reglamento sobre deforestación de la Unión Europea, cuyas propuestas se encuentran aún en fase de desarrollo, y las leyes en materia de trabajo forzoso y diligencia debida de las cadenas de suministro en Estados Unidos y Alemania respectivamente.

En mi opinión, hay otra iniciativa de la Unión Europea que puede resultar realmente trascendental. La Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD) tendrá consecuencias importantes en todo el mundo. Obligará a las compañías a establecer prácticas de diligencia debida que afronten los efectos negativos en materia de medioambiente y derechos humanos de sus propias operaciones y de las de sus empresas filiales, en toda la cadena de valor.

Aún se están ultimando los detalles, pero según la última propuesta publicada por el Consejo de la Unión Europea en marzo de 2024, se prevé que la directiva comience a aplicarse de manera gradual ya en 2027. En primer lugar, se aplicará a las compañías incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva que cuenten con un mínimo de 5.000 empleados y una facturación superior a 1.500 millones de euros. La propuesta inicial sugería sanciones por incumplimiento de hasta el 5% de los ingresos brutos globales. El texto de la norma publicado en marzo de 2024 señalaba que los «Estados miembros deberían asegurar que la sanción pecuniaria sea proporcional al volumen de facturación neta mundial que presente la compañía en el momento de imposición de la sanción».

2. Las compañías reconocen la importancia del gobierno corporativo en materia de IA

Muchos líderes empresariales, responsables políticos e inversores han reflexionado sobre los efectos transformadores de la inteligencia artificial (IA) en la economía y la sociedad, sobre todo desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022.

Las entidades de regulación, el sistema judicial, las compañías, los trabajadores y los usuarios están tratando de seguir el ritmo de los nuevos avances. Recientemente, se ha comenzado a prestar más atención a las complejas consecuencias que puede tener esta tecnología en el gobierno corporativo.

Hemos ido conociendo algunas causas judiciales relacionadas con la violación de los derechos de autor, la privacidad de los datos y otras cuestiones de este estilo. En el orden del día de las juntas generales comienzan a incluirse resoluciones de accionistas relacionadas con la IA, que podrían multiplicarse en los próximos años.

El control político también ha aumentado. Por ejemplo, en una reunión de alto nivel celebrada en julio de 2023 en la Casa Blanca, OpenAI, Microsoft, Meta, Inflection, Google, Anthropic y Amazon acordaron establecer ciertas directrices y comprometerse con determinadas normas.

El control también está aumentando entre las compañías que utilizan la IA. La Unión Europea, Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Instituto Nacional de Normalización y Tecnologías de Estados Unidos, entre otros organismos, ya han desarrollado marcos de gobierno corporativo aplicables a la IA.

La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que podría convertirse en ley ya este año, es especialmente amplia. Aún no se han concretado todos los detalles, pero entre las posibles normas que podría contemplar la ley destacan la obligación de informar cuando los contenidos hayan sido generados por IA, la inclusión de una evaluación de los riesgos y de información sobre los datos de entrenamiento utilizados por los modelos avanzados de IA, el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea en materia de derechos de autor, la prohibición de extraer imágenes de rostros de internet o de cámaras de seguridad, la prohibición de que los modelos de IA deduzcan tendencias políticas, religiosas o filosóficas, información racial o relativa a la sexualidad, la supervisión humana de los modelos de IA y la autoridad para prohibir la IA que presente un mayor riesgo.

Los marcos y las normas propuestas sirven de base a los incipientes esfuerzos que se están haciendo en las compañías en relación con el gobierno corporativo en este ámbito de la IA. A medida que comienzan a surgir nuevos usos comerciales de la IA, se hace necesario prestar atención a cuestiones como la privacidad, la protección de datos, el uso responsable y la seguridad humana. Las compañías que no se aseguren de que cuentan con un gobierno corporativo adecuado en este sentido podrían tener que enfrentarse a importantes riesgos jurídicos y normativos.

Aunque el panorama tecnológico, normativo y jurídico en torno a la IA está en plena evolución, lo más probable es que, en muchas compañías, sean los consejos de administración los que acaben convirtiéndose en los árbitros de facto de la IA. Los consejeros con experiencia en IA estarán muy solicitados.

3. La realidad de la transición energética

En las conversaciones que he mantenido en los últimos meses con algunas compañías, he podido comprobar que la transición energética plantea un reto importante. A muchas empresas les resulta complicado seguir avanzando en el proceso de descarbonización una vez que han logrado gestionar sus propias emisiones de alcance 2 (referidas normalmente a la electricidad adquirida).

Comienzan a plantearse medidas de eficiencia energética mucho más exigentes. En la última Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP28) celebrada en diciembre, los países acordaron un objetivo ambicioso: duplicar el ritmo de mejoras anuales de eficiencia energética hasta alcanzar el 4% en 2030. Según la Agencia Internacional de la Energía, para lograrlo habría que triplicar la inversión media anual relacionada con la eficiencia, que debería alcanzar 1,8 billones de dólares a finales de la década. 

Ante las subidas de precios de la electricidad, los plazos de amortización de las soluciones de eficiencia energética (como la modernización de equipos o la instalación de purgadores de vapor, por ejemplo) ha pasado de varios años a menos de 18 meses.

Otras de las áreas que pueden favorecer las ganancias de eficiencia son los vehículos eléctricos (su eficiencia suele ser muy superior a la de los motores de combustión interna), el abandono del gas natural con fines de calefacción y la electrificación de la industria pesada. Es posible que estemos entrando en un periodo crítico en el que los elevados precios iniciales ya no se consideren un motivo para no actuar, sobre todo en un momento en el que los gobiernos tratan de mitigar los costes mediante la concesión de incentivos.

4. Innovación financiera en deuda soberana

Si no está especialmente familiarizado con las cuestiones ESG, es posible que le sorprenda saber que los emisores de deuda soberana (pública) están protagonizando ciertas innovaciones realmente interesantes.

Por ejemplo, un grupo de académicos y de inversores institucionales ha lanzado recientemente un nuevo marco diseñado para ayudar a los inversores a entender mejor los riesgos y oportunidades relacionados con el medioambiente. El número de países incluidos por el momento es limitado, pero el Proyecto de evaluación de oportunidades y riesgos soberanos relacionados con temas climáticos (ASCOR, por sus siglas en inglés) podría acabar convirtiéndose en una fuente de datos potencialmente útil.

Más allá de la comunicación de información y la labor de análisis, se están produciendo otros avances realmente interesantes en la manera en la que los países están financiando sus esfuerzos de sostenibilidad. En los mercados emergentes, por ejemplo, los títulos de deuda con etiqueta ESG han supuesto en torno al 20% de la emisión total de deuda denominada en divisa extranjera de los últimos años.

En mi opinión, el canje de «deuda por naturaleza» realizado por Ecuador en 2023 ha dado mucho que pensar a los gobiernos que están tratando de priorizar la conservación de la naturaleza. Estos contratos financieros condonan parte de la deuda de un emisor a cambio de que el gobierno se comprometa a proteger el medioambiente de alguna forma. Ecuador, por ejemplo, logró recomprar una parte de su deuda por valor de 1.600 millones de dólares con un fuerte descuento. El gobierno emitió entonces nuevos «bonos azules», cuyos ingresos le permitirían destinar al menos 12 millones de dólares al año a la conservación de los ecosistemas únicos de las Islas Galápagos . 

5. Madurez de la biodiversidad

Como hemos comentado al hablar sobre la deuda soberana, los emisores están recurriendo a la emisión de deuda para financiar la protección y la mejora de la biodiversidad. Al mismo tiempo, la biodiversidad se está convirtiendo en una prioridad cada vez mayor para los inversores ante la creciente preocupación por la erosión del capital natural (básicamente, las «reservas» de tierra, aire, agua y seres vivos, y las ventajas que se derivan de ellas).

Según nuestro último estudio anual global ESG, que se puede consultar en nuestra web, casi el doble de los inversores que en 2023 señalaron que esperaban contar con una política especializada en materia de biodiversidad en 2025.

La publicación en 2023 del esperado marco de comunicación del Grupo de trabajo sobre declaraciones financieras relacionadas con la naturaleza (TNFD, por sus siglas en inglés) ha acelerado el reconocimiento de la importancia de la biodiversidad. En enero de 2024, 320 organizaciones procedentes de 46 países se comprometieron a comenzar a comunicar su información relacionada con la naturaleza sobre la base de las recomendaciones del TNFD. Será interesante comprobar cómo se incorporan estas recomendaciones a la normativa y a las normas contables internacionales en los próximos años.

En Capital Group, estamos deseosos de recibir nuevas directrices sobre la comunicación de información relacionada con la naturaleza que nos ayuden a entender mejor el riesgo. La naturaleza es una cuestión aún más compleja que el clima, donde las consideraciones relativas a las compañías concretas se han centrado históricamente en los datos de emisiones.  Recientemente hemos dedicado mucho tiempo a examinar a los proveedores de datos sobre biodiversidad para determinar cómo podrían ayudarnos a evaluar las dependencias relacionadas con la biodiversidad y su influencia en nuestras inversiones.

No resulta exagerado decir que la actuación de los responsables políticos dirigida a proteger el capital natural en los próximos uno o dos años podría tener importantes consecuencias en las operaciones y la comunicación de información de muchas compañías en las próximas décadas.